“Ley N.º 32069: Un Nuevo Enfoque para las Contrataciones Públicas en el Perú”
El Estado peruano ha dado un paso decisivo hacia la transformación del sistema de compras públicas con la Ley N.º 32069, la nueva Ley General de Contrataciones Públicas, publicada el 24 de junio de 2024 en el diario oficial “El Peruano”, esta norma entra en vigencia a los 90 días calendario contados desde el día siguiente de la publicación de su reglamento. Por otra parte el Reglamento de la Ley General de Contrataciones Públicas fue publicado el 22 de enero del 2025 con vigencia del 22 de abril del 2025.
Esta normativa reemplaza el anterior régimen de contrataciones del Estado y marca un punto de inflexión al establecer un marco normativo más moderno, simplificado y transparente. Su enfoque se orienta a resolver problemas históricos como la baja competencia, los retrasos en la ejecución de obras y los casos de corrupción.
Esta ley alcanza a todas las entidades del sector público que administren recursos del Estado y realicen procesos de contratación de bienes, servicios u obras. Abarca desde ministerios, gobiernos regionales y locales, hasta organismos constitucionales autónomos y empresas del Estado.
¿Cuáles son los objetivos fundamentales de esta nueva ley N° 32069?
Esta nueva ley tiene como finalidad principal modernizar el sistema de contrataciones públicas en el Perú, promoviendo un uso más eficiente y transparente de los recursos del Estado. Busca simplificar los procedimientos administrativos, fomentar una mayor competencia (especialmente incluyendo a MYPES y proveedores regionales), incorporar criterios de sostenibilidad ambiental y social, y fortalecer los mecanismos de control y fiscalización para prevenir actos de corrupción. Además, prioriza la digitalización de los procesos mediante plataformas electrónicas, garantizando así mayor agilidad y acceso equitativo a las oportunidades del mercado estatal.
Uno de los aspectos más destacados de la Ley N.º 32069 es la reconfiguración del proceso de contratación pública, desde la planificación hasta la ejecución. A continuación, se detallan los principales cambios:
- Transformación del proceso de selección
Se busca que los procesos sean más ágiles, eficientes y orientados a resultados. Se han establecido nuevos métodos de contratación que varían según el tipo de bien o servicio, su complejidad, y los riesgos asociados.
- Uso obligatorio de herramientas digitales
La ley dispone la digitalización integral de los procedimientos mediante el uso de plataformas electrónicas administradas por el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OECE). Esto permitirá realizar convocatorias, evaluaciones, adjudicaciones y registros de manera virtual, reduciendo tiempos y costos.
- Mayor profesionalización del sistema
Se exige que quienes participen en la gestión de las contrataciones cuenten con formación y experiencia. Esto implica fortalecer las capacidades de los operadores públicos y generar condiciones de idoneidad técnica y ética.
- Enfoque preventivo en la solución de controversias
Se introducen nuevas vías de resolución de conflictos que privilegian la solución temprana de controversias, evitando la paralización de obras o servicios por causas judiciales o arbitrales prolongadas.
Algunos datos que se destacan de la nueva Ley N° 32069:
Creación del Sistema Nacional de Abastecimiento. Dicha ley se alinea con la implementación del Sistema Nacional de Abastecimiento, un marco más amplio que integra planificación, programación, ejecución y seguimiento de las contrataciones públicas, buscando así una gestión más estratégica.
Enfoque en la planificación contractual. Se brinda mayor importancia a la etapa de planificación de las contrataciones, exigiendo a las entidades del Estado definir con mayor claridad sus requerimientos, objetivos y resultados esperados antes de iniciar cualquier proceso de selección.
Contrataciones orientadas a resultados. La ley introduce un enfoque de “gestión por resultados”, lo que implica que las contrataciones deben enfocarse no solo en cumplir procedimientos, sino en generar beneficios concretos y medibles para los ciudadanos.
Inclusión de innovación pública. La norma abre la posibilidad a contratar soluciones innovadoras, permitiendo que el Estado adquiera tecnologías o servicios novedosos que aún no existan plenamente en el mercado, mediante métodos como la contratación por retos de innovación.
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